Real Decreto 412/2025, de 27 de mayo, por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social.
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
BOE-A-2025-10493
Texto literal del BOE, sin resumir
I La Intervención General de la Seguridad Social fue creada por el Real Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre, por el que se establecen normas para la intervención de la Seguridad Social, en cumplimiento de las previsiones de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, y del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, estableciéndose en el citado real decreto su organización, estructura orgánica y funciones. El Real Decreto 622/1998, de 17 de abril, por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, procedió a una revisión y actualización de dicha estructura, así como de las funciones y competencias, como consecuencia de los avances producidos en los procedimientos de prestación de servicios a la ciudadanía en el sistema de la Seguridad Social. Desde entonces, numerosas modificaciones normativas han afectado al desarrollo de las funciones de control interno y contabilidad ejercidas por la Intervención General de la Seguridad Social, resultando conveniente adaptar sus funciones y competencias a la normativa actual. Entre dichas modificaciones normativas destacan las relativas al desarrollo de la administración electrónica, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y la normativa específica de la Seguridad Social, fundamentalmente, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. En concreto, el título VI de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, procedió a regular de manera específica el control de la gestión económico-financiera del sector público estatal a través de tres modalidades diferenciadas: función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. Esto supuso una importante novedad con respecto al anterior texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, donde solo existía un control posterior a la fiscalización limitada previa mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, carente, por tanto, de la sustantividad propia que después alcanzaría el control financiero permanente. Ello determinó que la estructura original de la Intervención General de la Seguridad Social, en lo que respecta al control interno, se dividiera en sendas subdirecciones generales, de fiscalización y de control financiero, asumiendo esta última dicho control posterior. Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la vigente Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el control financiero permanente ha adquirido, en el ámbito concreto de la Seguridad Social, una importancia cada vez mayor, al quedar sometido al mismo la totalidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, lo que determina la necesidad de crear una subdirección general específica y diferenciada de las otras dos, que asuma la dirección de la actividad correspondiente a dicho control interno. Por su parte, el artículo 130 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social regula la tramitación electrónica de procedimientos en materia de prestaciones, admitiendo la adopción y notificación de las resoluciones de reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social de forma automatizada. Este proceso de modificación normativa y modernización de la Administración pública, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, exige la adaptación de la estructura, funciones y procedimientos de la Intervención General de la Seguridad Social a las nuevas obligaciones legales derivadas, entre otras, de la administración electrónica. En consonancia con las citadas modificaciones, en el ámbito del control financiero, se aprobó la Orden PCM/1337/2021, de 30 de
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