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EL CÓDICE

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Resolución de 5 de mayo de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Natera Solar, SL, la declaración, en concreto, de utilidad pública, para la instalación fotovoltaica «Natera Solar», de 39,075 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en Coín, Alozaina y Casarabonela (Málaga).

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

BOE-A-2025-10974

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Texto literal del BOE, sin resumir

La Dirección General de Política Energética y Minas emitió, con fecha 21 de abril de 2023, Resolución por la que se otorga a Natera Solar, SL (en adelante, el promotor) autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica «Natera Solar» de 50,03 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuación, ubicados en el término municipal de Coín, en la provincia de Málaga, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» (núm. 127) de 29 de mayo de 2023. La Dirección General de Política Energética y Minas emitió, con fecha 22 de julio de 2024, Resolución por la que se otorga a Natera Solar, SL, autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica «Natera Solar», de 39,075 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Coín, Alozaina y Casarabonela, en la provincia de Málaga, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» (núm. 192) de 9 de agosto de 2024. En relación con la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública, con fecha 14 de junio de 2024, complementado posteriormente en fecha 3 de septiembre de 2024 y subsanado en fecha 23 de octubre de 2024, se recibe en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga escrito del promotor para el inicio del trámite de declaración de utilidad pública de la instalación solar fotovoltaica «Natera Solar», de 39,075 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, ubicados en los términos municipales de Coín, Alozaina y Casarabonela, en la provincia de Málaga. El expediente fue incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y se tramitó de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo. Se ha recibido contestación de la que no se desprende oposición de la Diputación Provincial de Málaga, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de Red Eléctrica de España, SAU y de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, quien expresa su conformidad con las mismas. Se ha recibido contestación de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, del Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía y de Telefónica de España, SAU, en las que se establecen condicionados técnicos y/o consideraciones y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización ante dichos organismos por la ocupación o el cruzamiento de la instalación con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas. Se ha recibido contestación del Ayuntamiento de Casarabonela y de la Oficina Española de Cambio Climático. El primero alega que se produce una discrepancia entre las superficies afectadas que se detallan en la relación de bienes y derechos afectados con respecto a los planos de la documentación publicada y el segundo que no considera justificada la utilidad pública en la ocupación de los terrenos destinados a la planta fotovoltaica, realizando además diversas consideraciones de carácter medioambienta