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Resolución de 2 de junio de 2025, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Universidad de Cádiz, para el desarrollo del programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas.

Ministerio del Interior

BOE-A-2025-11600

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Texto literal del BOE, sin resumir

Habiéndose suscrito el 27 de mayo de 2025 el Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Universidad de Cádiz para el desarrollo del programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas (PRIA-MA) en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 2 de junio de 2025.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Universidad de Cádiz para el desarrollo del programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas (PRIA-MA) en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas En Madrid, a 27 de mayo de 2025. REUNIDOS De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de junio, actuando por delegación de competencias del Ministro del Interior, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.6, de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, modificado por Orden INT/131/2023, de 11 de febrero, en relación con el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid. Y de otra parte, don Casimiro Mantell Serrano, Rector de la Universidad de Cádiz, nombrado por Presidencia de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto número 297/2023, de 27 de diciembre (BOJA núm. 5, de 8 de enero de 2024), actuando en uso de la competencia delegada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2023 (BOUCA n.º 382, de 9 de mayo de 2023) y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y en el artículo 57 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, con domicilio a los efectos del presente convenio en Centro Cultural Reina Sofía, situado en Paseo Carlos III, 9, 11003 de Cádiz. Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Segundo. Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de ejecución se mantuvieron por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, y por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal. Tercero. Que la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, intro