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Resolución de 18 de junio de 2025, de la Dirección General de Consumo, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas, para el desarrollo del arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito.

Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

BOE-A-2025-13219

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Texto literal del BOE, sin resumir

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Consejería de Economía Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas han suscrito, con fecha 17 de junio de 2025, un Convenio para el desarrollo del arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 18 de junio de 2025.–El Director General de Consumo, Daniel Arribas González. ANEXO Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Consejería de Economía Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas, para el desarrollo del arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito En Madrid, a 17 de junio de 2025. REUNIDOS De una parte, don Daniel Arribas González, Director General de Consumo, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 1063/2023, de 7 de diciembre, por delegación de competencias del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y de conformidad con la Orden DCA/249/2024, de 15 de marzo, de fijación de límites de gasto y delegación de competencias, que aborda la celebración de convenios en el Ministerio. De otra parte, don Daniel Rodríguez Asensio, Viceconsejero de Economía y Empleo, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Decreto 91/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno y conforme al Decreto 23/2025 de 13 de mayo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid por el que se delega en el Viceconsejero de Economía y Empleo, la firma del Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas. Y, de otra parte, doña Marta Martín García, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Alcobendas por sustitución por Decreto n.º 6039, de fecha 23 de abril de 2025, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, y el artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 1 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, por el que se atribuye a los Presidentes de las Entidades Locales la competencia para formalizar los convenios de colaboración. Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo, y Agenda 2030, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcobendas cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y EXPONEN El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así como el procedimiento de resolución de conflictos. De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, mediante el Real decreto 231/2008, de 15 de febrero, estableciendo el cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las partes. Mas tarde, transcurridos más de dieciséis años, este reglamento se sustituyó por el Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, por el que