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Resolución de 2 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valladolid n.º 7 a inscribir una escritura de compraventa.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-15385

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Texto literal del BOE, sin resumir

En el recurso interpuesto por doña C. I. M. G., en nombre y representación de doña M. G. M., contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Valladolid número 7, doña Ana María Crespo Iribas, a inscribir una escritura de compraventa. Hechos I El día 14 de diciembre de 2021 se autorizó por el notario de Valladolid, don Carlos Luis Herrero Ordóñez, con el número 5.220 de protocolo, escritura por la cual doña M. G. M. vendía la finca registral número 17.356 del Registro de la Propiedad de Valladolid número 7. En representación de esta persona comparecieron cuatro de sus hijos, doña M., don T., doña C. I. y doña M. C. M. G., facultados mediante escritura de poder otorgado el día 3 de diciembre de 2017 por doña M. G. M. ante el notario de Madrid, don Javier de Lucas Cadenas, con el número 5.180 de protocolo. Según las inscripciones 1.ª y 2.ª (de rectificación), ambas practicadas el día 22 de noviembre de 2021, la finca fue donada por doña L. M. B. al patrimonio protegido de doña M. G. M., figurando en la inscripción 2.ª lo siguiente: «(…) V. Administración General: a. La administración de este Patrimonio Protegido corresponderá a la propia doña M. G. M. (…), según diligencia otorgada [sic] por el Notario de Madrid Don Javier de Lucas y Cadenas, el nueve de julio de dos mil dieciocho, subsanando la escritura de constitución de Patrimonio Protegido para personas con discapacidad intelectual, otorgada en Madrid ante el cotado Notario Sr. De Lucas y Cadenas, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, n.º 2780 de protocolo. b. Los administradores deberán tener plena capacidad jurídica, y no estar discapacitados, con una discapacidad física superior al sesenta y cinco por ciento, ni psíquica superior al treinta y tres por ciento (graduada según establece la citada ley especial). c. En caso de no aceptación o renuncia posterior al cargo por parte de todos los hermanos o de alguno de los parientes citados, los que dejen el cargo, y antes de hacer efectivo su cese, deberán comunicar y solicitar su aceptación a los familiares, personas o entidades que corresponda, según el orden establecido. d. El órgano de administración solicitará la autorización judicial pertinente para aquellos actos que, según las leyes, la requieran, en aplicación de las normas del Derecho Civil sobre la tutela. e. El órgano de administración deberá mantener informado al beneficiario, con las explicaciones que considere más adecuadas según el caso, de los actos que realice de administración y disposición de este Patrimonio Protegido. f) (…) el órgano de administración realizará las actividades que considere más adecuadas para el cumplimiento de los fines concretos que los constituyentes señalan para este Patrimonio Protegido (…)». El patrimonio protegido se constituyó conforme a la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, en escritura autorizada el día 21 de junio de 2018 por el notario de Madrid, don Javier de Lucas Cadenas, con el número 2.780 de protocolo, otorgada por doña M. G. M., con un grado de discapacidad psíquica del 52 %, representada por cuatro de sus hijos, en la que se configuró como única beneficiaria de dicho patrimonio a doña M. G. M., y se encomendó en el «Otorgan» V, apartado a), la administración del mismo a «un órgano de administración para el que la constituyente designa a sus hijos: doña M. M. G. (…); don T. M. G. (…); doña C. I. M. G. (…); y doña M. C. M. G. (…) como administradores mancomunados, que deberán actuar conjuntamente tres cualquiera de ellos». Los apartados b, c, d, e y f, –así como los apartados 1 a 7 de la cláusula VI, referida ésta a las reglas especiales de la administración– desarrollan el régimen de administración en los términos arriba transcritos, los cuales hacen referencia continua al «órgano de administración». Por la citada diligencia d