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Resolución de 30 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Alcobendas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-15559

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Texto literal del BOE, sin resumir

En el recurso interpuesto por don Gregorio Javier Sierra Martínez, notario de Madrid, contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Alcobendas número 2, doña María Luz Sánchez-Jauregui Lázaro, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa. Hechos I Mediante escritura autorizada el día 3 de enero de 2025 por el notario de Madrid, don Gregorio Javier Sierra Martínez, se otorgaba compraventa en la que intervenían como compradores los cónyuges don A. A. C. A. y doña M. B. M., ambos de nacionalidad india, «casados bajo el régimen legal de su país», que «compran y adquieren e ingresan en su patrimonio de conformidad con el régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad». II Presentada el día 3 de enero de 2025 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Alcobendas número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario. La Registradora de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado el día 03/01/2025, bajo el asiento número 35 del Diario 2025 y número de entrada 64, que corresponde a la escritura de compraventa otorgada por el Notario de Madrid Gregorio Javier Sierra Martínez, número 21/2025 de su protocolo, de fecha 03/01/2025, ha resuelto no practicar el asiento solicitado en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho: Hechos: l. En el documento presentado los compradores los cónyuges don A. A. C. A. y doña M. B. M., de nacionalidad india, manifiestan estar casados bajo el régimen legal de su país. En la cláusula primera, se hace constar que dichos cónyuges compran y adquieren, e ingresan en su patrimonio de conformidad con el régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad. 2. Examinada la legislación india resulta lo siguiente: En materia de derecho de Familia, tan solo se han promulgado algunas leyes de general aplicación, como lo son la Ley especial sobre matrimonio de 1954, o la Ley especial del divorcio de 1954. En materia judicial, se aplica la Ley de los tribunales de Familia de 1984. Al margen de ellas, son los estatutos personales de cada religión los que resultan aplicables, toda vez que la Republica de la India es un país que, no obstante su carácter laico, alberga confesiones religiosas muy distintas. En India, la influencia del “Common Law” británico, propio de la época colonial, determina el desconocimiento y la ausencia de la figura del régimen económico matrimonial. En consecuencia, cada cónyuge mantiene la titularidad de sus bienes y la facultad de disponer y administrar sobre los mismos, sin perjuicio de las limitaciones que puedan derivarse de determinadas confesiones religiosas que profesen, como por ejemplo las que provienen de los principios de la sharía, en el caso de un matrimonio musulmán. Pero en al caso mayoritario de los matrimonios hindúes, el régimen económico-matrimonial es el de absoluta separación de bienes, lo que se cohonesta con el artículo 14 de la Ley de Sucesión hindú, que establece que cualquier bien que sea propiedad de una mujer hindú es de su sola titularidad y pleno dominio; y el artículo 3 de la Ley de Derechos a la propiedad de las mujeres hindúes, que les reconoce la capacidad para adquirir bienes por sucesión del marido. En resumen, en el derecho indio no existe propiamente un régimen de bienes del matrimonio, el matrimonio, opera, en consecuencia, como un régimen de separación absoluta de bienes. Por tanto, deberá hacerse constar la proporción en que adquiere cada cónyuge. Fundamentos de Derecho: Artículos 9 y 18 Ley Hipotecaria, 51 y 92 y ss del Reglamento Hipotecario, 159 del Reglamento Notarial. Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10 de junio, 15 de septiembre y 19 de noviembre de 2020 y 15 de enero de 2021. Y especialmente la Resolución de 2 de febrero de 2022, que se refi