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Resolución de 8 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 11, por la que se suspende la inscripción de una certificación de adjudicación de auto y un mandamiento de cancelación de cargas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por existir anotada, con posterioridad a la carga ejecutada, una anotación preventiva de prohibición de disponer practicada en virtud de mandamiento expedido por la Fiscalía Europea de Madrid.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-15704

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Texto literal del BOE, sin resumir

En el recurso interpuesto por don D. P. F., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Madrid número 11, María de los Ángeles Galto-Durán Rivera, por la que se suspende la inscripción de una certificación de adjudicación de auto y un mandamiento de cancelación de cargas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por existir anotada, con posterioridad a la carga ejecutada, un anotación preventiva de prohibición de disponer practicada en virtud de mandamiento expedido por la Fiscalía Europea de Madrid. Hechos I Se expidió por el presidente de la Mesa de Subasta, con fecha 28 de octubre de 2024, certificación de acta de adjudicación de bienes, subasta número S2024R2886001417, y, con fecha 25 de octubre de 2024, por la jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación, mandamiento de cancelación de cargas posteriores. II Presentada dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Madrid número 11, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Calificación registral. Antecedentes de hecho. Primero: Certificación del acta de adjudicación de bienes mediante subasta de fecha 28/10/2024 en el procedimiento de referencia, tuvo entrada en este Registro el día 28/02/2025 motivando el asiento 480 del Diario 2025, Entrada 1218/2025, en unión de mandamiento de cancelación de cargas posteriores que tuvo entrada en este Registro el mismo día, Entrada 1219/2025, causando el asiento de presentación 481 del Diario 2025. Acreditada la preceptiva presentación y pago del Impuesto devengado con nota acreditativa de la presentación acompañada del modelo carta de pago de la autoliquidación del impuesto. Segundo: Con fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticinco, el documento a que se refiere el apartado anterior ha sido calificado por el Registrador que suscribe en los siguientes términos: Fundamentos de Derecho. El título calificado consiste en una certificación del acta de adjudicación de bienes mediante subasta y mandamiento de cancelación de cargas, expedidos por la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Madrid, relativo a la ejecución de embargo que recae sobre la finca. En el historial registral de la finca, con posterioridad a la anotación trabada que motiva la ejecución (anotación letra D), figura anotada (anotación E), el día 30 de noviembre de 2023, una prohibición de disponer ordenada en procedimiento medidas cautelares reales 29/2023 0010 FEU 29/23, en virtud de mandamiento expedido por la Fiscalía Europea de Madrid. Vistos los articules 19 LH y 98 y ss. del RH, artículos, 17, 26, 27, 132 LH, 145 RH. 1. En relación con la anotación de prohibición de disponer ordenada en causa penal, debemos partir de la doctrina tradicional sentada por la DGSJyFP (anterior DGRN) según la cual, la eficacia limitativa de las prohibiciones de disponer ha de matizarse cuando se trata del acceso al Registro de actos de disposición forzosa, dado el principio de responsabilidad patrimonial universal (Rss. 13-4-2012; 31-1-2013, entre otras). En esta línea se pronuncia la resolución del Centro Directivo de 5-5-2016, a la que hace referencia el letrado de la administración de justicia en el título calificado para considerar que la prohibición de disponer ordenada en una causa penal no es óbice para inscribir el decreto de adjudicación. Frente al mencionado criterio debemos oponer la doctrina del propio Centro Directivo, relativa a los efectos derivados de una anotación de prohibición de disponer ordenada en proceso penal o en procedimiento administrativo, según la cual: Frente a una interpretación más o menos laxa del art. 145 RH (precepto respecto del cual, y en relación con las prohibiciones voluntarias u ordenadas en procesos civiles, la doctrina de la Dirección General ha sido titubeante), en las prohibiciones de disponer decretadas en procesos penales o en expedientes administrativos