Real Decreto 685/2025, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
BOE-A-2025-15748
Texto literal del BOE, sin resumir
I El Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera, tiene por objeto la regulación de la concesión directa de ayudas orientadas a fomentar el desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón, mediante la ejecución de proyectos de infraestructuras y de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera dentro del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018. En el momento de publicar estas bases reguladoras, el ámbito de vigencia estaba fijado hasta el 2018, coincidiendo con el periodo para el que se había establecido el Marco de Actuación del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, por ello el pago de los compromisos adquiridos en este periodo se extendía hasta la finalización de las actuaciones, siendo la fecha límite para el reconocimiento de las ayudas el 31 de diciembre de 2018. II El Real Decreto-ley 25/2018 de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, pretendía asegurar, a partir de 2019, la continuidad de la política de reactivación de las comarcas mineras, extendiendo su ámbito de vigencia y facilitando su impulso económico mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras, de proyectos de restauración del espacio natural afectado por la actividad minera, o bien de actividades económicas alternativas que favorecieran la generación de nuevos empleos. Pretendía, además, asegurar la ejecución de los convenios de colaboración adoptados en el periodo 2013-2018. Con este fin, su artículo 4 modificó los apartados 1 y 2 del artículo 3 del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, extendiendo su ámbito de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y estableciendo que la concesión de las ayudas se financiará en el marco de la política de desarrollo alternativo de las zonas mineras del carbón prevista para los periodos 2013-2018 y 2019-2023, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Sin embargo, la pandemia provocada por la COVID-19 y la extraordinaria e imprevisible situación coyuntural geopolítica y económica provocada por la Guerra de Ucrania pusieron de manifiesto el carácter insuficiente de dicho plazo y la necesidad de ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que llevó a cabo el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. III Pese a las anteriores ampliaciones del ámbito de vigencia del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, se siguieron produciendo importantes desviaciones en el ámbito de los presupuestos de los proyectos convenidos. El contexto inflacionista impedía que gran parte de los proyectos subvencionados en el marco del referido real decreto pudieran iniciarse o proseguir sus actuaciones debido, principalmente, al incremento considerable de los costes de la construcción, que se reflejaba de forma directa en las materias primas, la energía, los combustibles y el transporte. Lo anterior llevó a que gran parte de las licitaciones puestas en marcha por los beneficiarios quedaran desiertas, así como que, en otras licitaciones en las que se culminó con la adjudicación se formularan renuncias por las entidades contratistas por la imposibilidad de abordar la ejecución con los precios previstos. Esto conllevó la solicitud por parte de los beneficiarios de revisiones de precios y que entidades locales beneficiarias se vieran forzadas a solicitar la modificación de los proyectos subvencionados con el objeto de adaptar sus presupuestos a los precios actuales. La principal consecuencia de tod
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