El organismo autónomo Instituto de la Juventud (en adelante, INJUVE) se encuentra adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, a través de la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, con la naturaleza jurídica, estructura, funciones y competencia que prevé su normativa específica, tal y como establece el artículo 2.6 del Real Decreto 211/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Juventud e Infancia, en cuya disposición final segunda se regula el mandato al Gobierno para la aprobación de un nuevo Estatuto del INJUVE. El INJUVE fue creado por Real Decreto 1119/1977, de 20 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte y se crean los organismos autónomos Instituto de la Juventud y Centro Superior de Educación Física y Deportes, integrado en la Presidencia del Gobierno a través de la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte, con las funciones de gestión de los centros, servicios y establecimientos del Estado al servicio de la juventud, realización de actividades en favor de los jóvenes y estudio e investigación de los temas juveniles. Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, el INJUVE fue adscrito a distintos Departamentos ministeriales, produciéndose diversas variaciones en los objetivos y funciones del organismo, derivadas principalmente de los traspasos en la materia a las comunidades autónomas. El Real Decreto 565/1985, de 24 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, desarrolló la naturaleza, fines y funciones del INJUVE. A su vez, el Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Juventud, actualizó dicha regulación. La última actualización de su régimen jurídico se produjo mediante la aprobación del hasta ahora vigente Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud. En la actualidad, el INJUVE sigue siendo un organismo necesario como responsable de la política del Gobierno en materia de juventud, como ente vertebrador del conocimiento de la realidad juvenil a nivel estatal y de la participación de las personas jóvenes en la elaboración de las políticas públicas a este nivel, así como interlocutor frente a la Unión Europea en esta materia. El fin último del INJUVE es lograr desde su nivel de gobernanza que las personas jóvenes se conviertan en artífices de su propia vida con derecho efectivo a diseñar y desarrollar sus propios proyectos vitales, propiciando las condiciones para su plena inclusión social dentro de un modelo socioeconómico igualitario, justo y sostenible para los seres humanos y el ecosistema. Para ello, se considera necesario el fomento de su participación sociopolítica activa, del acceso a una educación pública e inclusiva, al empleo digno, estable y bien remunerado y a la vivienda asequible, con especial atención a las particularidades y a la prevención de la discriminación, el acoso y la violencia sobre las mujeres y madres jóvenes, y segmentos de juventud en especial riesgo de exclusión social. No obstante, trascurridos casi veinte años desde la entrada en vigor de su último Estatuto se hace necesario reformar tanto la estructura organizativa del INJUVE como la de sus órganos de gobierno con participación de la representación de las asociaciones juveniles, por diversos motivos. En primer lugar, la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aconseja la actualización del Estatuto para su acomodo a esta nueva regulación del sector público. En segundo lugar, la importancia presupuestaria y de actividad que para el organismo autónomo han alcanzado en los últimos años los programas europeos que gestiona por delegación de la Comisión Europea aconsejan un fiel y adecuado reflejo en su Estatuto, hasta ahora insuficiente. En tercer