En el recurso interpuesto por doña M. G. C. C., procuradora de los tribunales, en nombre y representación de don J. A. G., contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Mérida número 1, doña María Purificación Pascual Rincón, por la que se suspende la inscripción de una sentencia declarativa de dominio. Hechos I Mediante sentencia dictada el día 9 de enero de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida, en el procedimiento ordinario número 697/2024, en demanda de don J. A. G. contra la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, en ejercicio de acción declarativa de dominio frente a la demandada, ésta procedió a allanarse a la demanda. En el fallo, se declaraba la titularidad dominical de doña M. G. R. respecto de una vivienda con causa de adquisición en la adjudicación de un convenio regulador homologado judicialmente, recogido en la sentencia firme de procedimiento de divorcio. II Presentado el día 28 de febrero de 2025 testimonio de la referida sentencia en el Registro de la Propiedad de Mérida número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Nota de calificación: asiento: 1085 del diario 2025. Datos del [sic] presentación: Fecha: 28/02/2025. Asiento: 1085. Diario: 2025. Datos del documento: sentencia 15/2025. Fecha: 09/01/2025. Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3. Procedimiento ordinario: 697/2024 Finca: 62367 del término de Mérida. Fundamentos de Derecho. Primero. Tratándose de documentos judiciales la calificación del Registrador se extiende, según el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, a “la competencia del Juzgado o Tribunal” y a “la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado”. Como ha declarado al Dirección General de los Registro y el Notariado en Resoluciones de 26 de mayo de 1997 y 30 de septiembre de 2.005, aunque es cierto que los artículos 118 de la Constitución Española y 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial imponen al Registrador, como a todas las autoridades y funcionarios, el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. En la de 26 de abril de 2.005 declara que “la calificación del Registrador de los documentos judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el artículo 24 de la Constitución Española abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites establecidos para garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista en las normas para evitar su indefensión”. Segundo. En el caso que nos ocupa, por la sentencia presentada, y en su fallo, tras tener por allanada a la parte demandada –Consejería de Vivienda de la Junta de Extremadura titular registral de la finca 62.367–, se declara la titularidad dominical de doña M. G. R. respecto de dicha finca, con causa de adquisición –adjudicación en convenio regulador homologado judicialmente– recogida en sentencia firme dictada en procedimiento de divorcio. A la vista de la sentencia, se observa que el demandante don J. A. G., no es la persona a favor de la cual se declara el dominio, y la persona a favor de la cual se declara el dominio doña M. G. R., trae causa en la adjudicación en convenio regulador en procedimiento de divorcio, presumiéndose por tanto una transmisión o cadena de transmisiones a partir del titular registral, de las que no se da conocimiento en la sentencia. Que si lo que se pretende es la adjudicación del dominio por reanudación del tracto, la sentencia no cumple los requisitos especiales en garantía de los transmitentes intermedios, citaciones, publicaciones e intervención del ministerio fiscal, por lo que la sentencia declarativa del dominio presentada no es título hábil para la reanudación del tracto conforme a la legislación hipotecaria –cfr. Resoluci