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Resolución de 24 de junio de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la asistencia a los municipios prestada por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2022.

Cortes Generales

BOE-A-2025-16923

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Texto literal del BOE, sin resumir

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 24 de junio de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la asistencia a los municipios prestada por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2022, acuerda: 1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas en el Informe de fiscalización de la asistencia a los municipios prestada por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2022. 2. Mostrar su acuerdo al Informe de fiscalización de la asistencia a los municipios prestada por las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2022, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad. 3. Instar al Gobierno a: – Establecer un sistema de contabilidad hipersimplificado y asistido por las diputaciones provinciales para que las entidades locales de menor tamaño y con menor dotación de recursos puedan atender las obligaciones de gestión económico-presupuestaria y rendición de cuentas en plazo. – Promover la creación y entrada en vigor del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población, reconociendo las especificidades de estas entidades, reduciendo la carga burocrática en su gestión y sus relaciones con entidades supramunicipales y mejorando sus condiciones de financiación. – Incrementar las plazas activas de habilitados de carácter nacional para atender el desempeño de los puestos de secretaria, intervención y tesorería en las entidades locales. – Dotar de un mecanismo ágil y de trámites burocráticos mínimos para que las entidades locales, asistidas por las diputaciones provinciales, puedan cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas y fiscalización sin que ello bloquee su actividad de atención a los vecinos. – Redefinir, en la legislación básica de régimen local, el papel de las diputaciones provinciales especificando para ellas un papel vertebrador del territorio y de apoyo técnico, logístico y administrativo para los ayuntamientos de menor tamaño. – Redefinir el modelo de financiación municipal para dotar a los ayuntamientos de menor tamaño de los recursos necesarios para atender con solvencia las obligaciones derivadas de sus competencias. – Prestar a las diputaciones provinciales el apoyo necesario para el diseño de protocolos con el fin de regular, eficientemente, la organización de las unidades que prestan servicio o asistencia a los ayuntamientos. – Realizar, desde el ministerio con competencias en materia de administración local, un estudio del estado y la situación actual de los ayuntamientos, especialmente los de menor dimensión, que sirva como punto de partida para la redefinición de la estrategia de reforma de la administración local. – Establecer un sistema homogéneo y uniforme de registro de las consultas jurídicas y económico-financieras que reciben las diputaciones provinciales desde los ayuntamientos, con el fin de que pueda servir como base estadística para futuras reformas en la legislación. – Estudiar la modificación puntual de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local a fin de reconocer explícitamente a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y revisar el marco económico-financiero aplicable a las mismas, garantizando una supervisión adecuada, pero no restrictiva ni limitante, que permita a dichas entidades el cumplimiento de sus funciones básicas en favor de sus vecinos, especialmente en lo relativo a servicios públicos esenciales. – Que esta revisión respete los principios de subsidiariedad y unidad política, evitando cualquier intento de creació