Habiéndose suscrito el 31 de julio de 2025 el Convenio entre el Ministerio del Interior y la Universidad Autónoma de Barcelona para el desarrollo de prácticas académicas, investigación y formación, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 21 de agosto de 2025.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio entre el Ministerio del Interior y la Universidad Autónoma de Barcelona para el desarrollo de prácticas académicas, investigación y formación En Madrid, a 31 de julio de 2025. REUNIDOS De una parte, don Fernando Grande-Marlaska Gómez, Ministro del Interior, nombrado por Real Decreto 835/2023, de 20 de noviembre, al amparo de lo previsto en los artículos 48.2 y 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid. Y de otra parte, don Francisco Javier Lafuente Sancho, Rector Magnífico de la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir de ahora «UAB»), que actúa en nombre y representación de esta universidad, según Decreto 453/2024, de 19 de noviembre, publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 9294 de 20 de noviembre de 2024, en nombre y representación de esta institución que tiene la sede social en el Edificio Rectorado, Plaza Académica, s/n, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) y número de identificación fiscal Q0818002H, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 61, párrafo m) de los Estatutos de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobados por el Acuerdo GOV/62/2025, de 11 de marzo, y publicados en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 9370, de 13 de marzo de 2025. Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Por un lado, el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública. Por su parte, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, al Ministerio del Interior. Por otro lado, este Departamento ministerial, según el artículo 1.1 del Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular la libertad y seguridad personales, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen; el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada; las que le atribuye la legislación en materia de extranjería; el régimen de protección internacional de refugiados, el régimen de apátridas y la protección a desplazados; la administración y régimen de las instituciones penitenciarias; la realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio de las competencias sobre protección civil; y las atribuidas en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible. Finalmente, el artículo 149.1.30.ª de la Constitución reserva al Estado la competencia sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públi