I En virtud de la habilitación contemplada en la entonces vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, facultando al Gobierno para el establecimiento de normas específicas de aplicación a los diferentes tipos de residuos en lo relativo a su producción y gestión, el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, estableció por vez primera las normas específicas a tener en cuenta en el ámbito de los neumáticos al final de su vida útil, con el objetivo de prevenir su incidencia ambiental. Este real decreto ya introdujo en este flujo de residuos el principio de responsabilidad ampliada del productor, como elemento fundamental entre las obligaciones que le son propias al productor de neumáticos. Las obligaciones derivadas de dicha responsabilidad podía cumplirlas el productor, entre otras opciones, mediante su integración en un sistema integrado de gestión (entendiendo por tal la modalidad colectiva de cumplimiento de las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor conforme a la regulación contenida en la Ley 10/1998, de 21 de abril). El Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, se modificó posteriormente mediante el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, con el objeto de adaptar las normas con rango reglamentario en materia de medio ambiente a los principios de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Posteriormente, con objeto de disponer de instrumentos adicionales para desarrollar la prevención y la gestión de los residuos y para contribuir a la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea se dotó de un nuevo marco jurídico específico mediante la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (en adelante «Directiva Marco de Residuos»), la cual aporta, como una de sus novedades fundamentales, el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos, como instrumento clave para disociar la relación existente entre el crecimiento económico y la producción de residuos. La incorporación de esta directiva a nuestro ordenamiento jurídico se llevó a cabo a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que sustituyó a la Ley 10/1998, de 21 de abril, actualizando y mejorando el régimen relativo a la producción y gestión de residuos e incorporando nuevos conceptos acuñados en el ámbito de la Unión Europea, como el principio de jerarquía de residuos, y estableciendo un marco regulatorio armonizado para la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor y previendo la revisión de la normativa sectorial existente donde se aplicaba este instrumento para su adaptación. Sin embargo, en el ámbito de los residuos procedentes de los neumáticos fuera de uso, las modificaciones introducidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, no tuvieron un reflejo directo e inmediato en su normativa específica, en tanto que no se procedió a la adaptación del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, a la nueva norma. Más adelante, y en el contexto de la creciente importancia de las actividades económicas vinculadas a la gestión de los residuos, se aprueba la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Esta directiva revisa algunos artículos de la Directiva Marco de Residuos con el objetivo de avanzar en la economía circular, armonizar, mejorar la información y trazabilidad de los residuo