Última hora

Nuevo Real Decreto-ley: Real Decreto-ley 40/2026, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador.

Nuevo Real Decreto-ley: Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

EL CÓDICE

El diario con la información oficial

Año 2026
← Volver a El Códice

Resolución de 21 de abril de 2025, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Generalitat Valenciana, para la cesión del uso de diversas aplicaciones informáticas.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

BOE-A-2025-8406

—

Texto literal del BOE, sin resumir

Suscrito el convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, para la cesión del uso de diversas aplicaciones informáticas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado convenio, que figura como anexo de esta resolución. Madrid, 21 de abril de 2025.–El Secretario General Técnico, Noel Rodríguez García. ANEXO Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, para la cesión del uso de diversas aplicaciones informáticas En Madrid, a 14 de abril de 2025. REUNIDOS De una parte, doña Cristina Fernández González, que interviene como Directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 21/2024, de 9 de enero, en quien recaen las funciones de representación del citado organismo estatal, así como su dirección y gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de los Estatutos del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobados por el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, siendo competente para la firma del presente convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.3.e) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y artículo 8.3.g) de los ya citados Estatutos del Organismo Autónomo todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Y de otra, Ilmo. Sr. don Antonio Galvañ Díez, Secretario Autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana, nombrado mediante Decreto 113/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que se declara el cese y se nombra a las personas titulares de secretarías autonómicas de los departamentos del Consell, y cuyas competencias en fomento de empleo, cooperativismo y trabajo, vienen reguladas en el Decreto 38/2025, de 4 de marzo, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, actuando en nombre y representación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, previo acuerdo del Consell, de fecha 17 de marzo de 2025, por el que se autoriza la suscripción del presente convenio. Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir, por lo que EXPONEN La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supuso un avance en el uso de medios electrónicos en el ámbito de las administraciones públicas, al establecer que la tramitación electrónica debe ser la forma habitual de funcionamiento de estas y de su relación con los ciudadanos. Sobre ese presupuesto, la ley se orienta hacia una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de tramitación. En el mismo principio se inspira la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público, que establece la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos. Esta previsión se desarrolla en la propia ley al abordar la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En este contexto, el procedimiento administrativo sancionador en el orden social es un claro ejemplo en el que el marco jurídico expuesto debe desplegar toda su eficacia. En efect