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Resolución de 29 de abril de 2025, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 22 de abril de 2025, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2025 de los créditos asignados a: desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres y la atención a las hijas e hijos menores de edad; implementación de la Propuesta Común para la Mejora de la Coordinación y desarrollo de planes personalizados; programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas.

Ministerio de Igualdad

BOE-A-2025-8784

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Texto literal del BOE, sin resumir

La Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de 22 de abril de 2025, ha aprobado el Acuerdo por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2025 del crédito de 8.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres y la atención a las hijas e hijos menores de edad; del crédito de 1.000.000 euros para implementar la propuesta Común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; del crédito de 9.500.000 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; así como del crédito de 800.000 euros para programas de prevención de abusos en menores tuteladas. Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres acuerda: Primero. La publicación del citado acuerdo como anexo a la presente resolución. Segundo. La efectiva distribución de los créditos a las respectivas comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, conforme al apartado primero del citado acuerdo de la Conferencia Sectorial y formalización de los compromisos financieros contenidos en el mismo, todo ello, una vez cumplidos los trámites preceptivos y de acuerdo con la regla cuarta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y los artículos 62 y 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Madrid, 29 de abril de 2025.–La Secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Ana María Calvo Sastre. ANEXO Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2025 del crédito de 8.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres y la atención a las hijas e hijos menores de edad; del crédito de 1.000.000 euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; del crédito de 9.500.000 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, así como del crédito de 800.000 euros para programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos humanos y libertades fundamentales y es la manifestación más extrema del sexismo, de la desigualdad causada por las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que impide la efectiva realización de la igualdad y el pleno avance de las mujeres. Su erradicación junto con la atención, protección y recuperación de sus víctimas son una prioridad del Gobierno, un elemento central del Estado Social y Democrático de Derecho, que cumple con los compromisos internacionales asumidos por España. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, enmarca la actuación de los poderes públicos contra la violencia que se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, garantiza, en su artículo 19, a todas las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, con independencia del origen, religión o cualquier otra circunstancia personal o social. Este derecho comprende el derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, cuya organización responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidiscipli