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Resolución de 1 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa de la registradora de la propiedad de Pontevedra n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación hipotecaria y mandamiento de cancelación de cargas.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-9780

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Texto literal del BOE, sin resumir

En el recurso interpuesto por don M. J. S. T., en nombre y representación y como administrador único de la entidad «Atlantic Timberland, SL», contra la nota de calificación negativa de la registradora de la Propiedad de Pontevedra número 2, doña María Alejandra Castaño Verde, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación hipotecaria y mandamiento de cancelación de cargas. Hechos I Mediante decreto de adjudicación, dictado el día 22 de mayo de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pontevedra, que ponía fin al procedimiento de ejecución hipotecaria número 135/2016, se adjudicaba la finca hipotecada, registral número 16.088 del Registro de la Propiedad de Pontevedra número 2, al ejecutante, la entidad «Atlantic Timberland, SL», tras concluir la subasta sin pujas y haber solicitado el ejecutante la adjudicación de la finca por el 50 % del valor de tasación conforme al artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La finca se adjudicaba por el importe de 2.296.989,33 euros, siendo la imputación de pagos conforme al artículo 654 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como sigue: 1.636.205 euros a principal, 589.571,78 euros a intereses ordinarios y 149.228,31 euros a costas. Asimismo, se hacía constar que el precio obtenido había sido inferior al crédito reclamado, por lo que no había resultado sobrante, y se ordenaba cancelar la hipoteca que gravaba la finca registral 16.088, así como la de todas las inscripciones y anotaciones posteriores, incluso las que se hubiesen verificado después de expedida la certificación prevenida en el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. II Presentado testimonio del citado decreto de adjudicación en el Registro de la Propiedad de Pontevedra número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «De conformidad con los artículos 18, 19, 19 bis y 322 de la Ley Hipotecaria, y con referencia al documento que se dirá: Presentado, con el asiento 1318 del Diario 2024, la escritura autorizada por el Notario de Pontevedra, Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Pontevedra, el 3 de junio de 2024, con el número 135/2016 de protocolo. Se han apreciado los siguientes defectos subsanables que impiden acceder a practicar las operaciones registrales solicitadas: 1. No consta la consignación de la cantidad que excede de la responsabilidad hipotecaria a favor de los titulares de cargas posteriores. En el Decreto de adjudicación consta que la finca se adjudica por el importe de 2.296.989,33 euros, imputándose 1.636.205 euros al principal, 589.571,78 euros en concepto de intereses ordinarios y 149.228,31 euros en concepto de costas. Según resulta del Registro, la finca hipotecada responde de hasta un límite máximo de 1.500.000 euros de principal, de intereses ordinarios de tres años al tipo máximo del 12 % nominal anual, esto es 540.000 euros, y de otros conceptos que no son relevantes en este caso. El importe de la adjudicación en concepto de principal e intereses ordinarios excede por tanto de la cobertura hipotecaria de la finca, siendo necesaria la consignación del exceso a favor de los titulares de cargas posteriores (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancara [sic], SA, titular de la hipoteca de la inscripción 3.ª, cedida por la 4.ª). Como indica el artículo 132 de la Ley Hipotecaria “A los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que den lugar los procedimientos de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, la calificación del registrador se extenderá a los extremos siguientes: 1.º Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscritos su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de cargas en el procedimiento. 2.º Que se ha notificado la existencia del procedimiento a los acreedores y terceros cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca, a excepción de los que sean posteriores a la nota margin