Un juzgado de Valencia dictó la adjudicación de una vivienda hipotecada a favor de una empresa en un procedimiento de ejecución hipotecaria, pero la registradora de la propiedad se negó a inscribir esa adjudicación. La razón: el banco que ejecutaba la hipoteca no pidió correctamente al registro que certificara las cargas sobre la propiedad (el trámite previo obligatorio), sino que lo hizo por una vía administrativa de consulta pública en lugar de presentar formalmente el mandamiento judicial al registro para que lo evaluara. Esta resolución confirma que la registradora actuó correctamente al rechazar la inscripción porque faltaba ese paso esencial del procedimiento.

Afecta a empresas y particulares que sean deudores en procedimientos de ejecución hipotecaria, porque aunque ganen el juicio y obtengan una sentencia de adjudicación, esta no podrá inscribirse en el registro si no se ha seguido correctamente el procedimiento de certificación de cargas. También afecta a los bancos y entidades financieras que ejecutan hipotecas, ya que deben asegurarse de solicitar formalmente al registro la certificación de cargas presentando el mandamiento judicial de forma correcta, no por vías de consulta pública ordinarias.