El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra una ley de las Illes Balears que derogaba (eliminaba) una norma sobre memoria democrática. Al aceptar el recurso, el tribunal ha suspendido temporalmente la aplicación de esa ley derogadora, es decir, vuelve a estar en vigor la ley de memoria democrática de 2018 mientras el tribunal decide si la derogación es constitucional o no.

Si resides en las Illes Balears o eres una administración, entidad pública o particular sujeta a esa ley, te afecta porque la Ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democráticos vuelve a aplicarse durante este proceso. Las obligaciones que contenía esa ley (sobre conmemoración, investigación histórica, reconocimiento de víctimas, etc.) que habían sido derogadas ahora vuelven a estar en vigor hasta que el tribunal resuelva.