Galicia recibirá la autopista del Atlántico (AP-9) con toda su titularidad y competencias, que hasta ahora eran del Estado. El Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia tienen que acordar los detalles de esta transferencia en una Comisión Mixta, que se formalizará con un Real Decreto. Galicia asumirá funciones como autorizar nuevos tramos, inspeccionar el funcionamiento, fijar peajes y sancionar incumplimientos, pero el Estado seguirá siendo responsable de los costes que ya hubiera contraído antes de la transferencia.

Si viajas por la AP-9, en el futuro tu autoridad reguladora será Galicia en lugar del Estado, lo que puede afectar a decisiones sobre peajes y condiciones de la autopista. Si eres la concesionaria de esta autopista, tendrás que cumplir con las nuevas normas que establezca Galicia, aunque el Estado mantiene su responsabilidad económica sobre las obligaciones contraídas antes de la transferencia.