La Autoridad Portuaria de Barcelona da más poder al Director General para tomar decisiones sobre unos terrenos en el antiguo cauce del río Llobregat que son propiedad del puerto. Concretamente, le permite resolver si suspende o no los trámites cuando alguien lo pida, e imponer multas para forzar el cumplimiento de las órdenes en los expedientes de recuperación de esos terrenos.

Afecta a quienes tengan intereses sobre esos terrenos del antiguo cauce del río Llobregat o estén involucrados en expedientes de recuperación de posesión del puerto: si solicitas la suspensión de un trámite o si incumples una orden, ahora el Director General del puerto puede resolver directamente sobre tu petición o imponerte multas coercitivas, sin necesidad de que lo resuelva el Consejo de Administración completo.