El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática autoriza la destrucción de ciertos documentos administrativos que ha guardado en sus archivos, como expedientes sobre seguridad privada, relaciones con juzgados, convenios laborales, elecciones sindicales y regulaciones de empleo. Esta autorización se basa en dictámenes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, que es el órgano encargado de decidir qué documentos pueden eliminarse tras cumplir sus plazos de conservación legal.

Afecta principalmente a los trabajadores y empresas implicados en los expedientes que van a ser destruidos: si has participado en un proceso de seguridad privada, has tenido un conflicto laboral, sindical o ante tribunales ante la Administración, o has estado en una regulación de empleo, tus documentos podrán ser eliminados una vez transcurra el plazo de conservación establecido. Sin embargo, si tienes un recurso aún pendiente de resolución, tus expedientes no serán destruidos hasta que haya sentencia firme.