Una empresa llamada Cádiz Siglo XXI intentó resolver un conflicto de propiedad con el Ayuntamiento de San Fernando a través de una conciliación ante el registrador, pero el registrador rechazó tramitar su solicitud porque una de las partes es una administración pública. La empresa ha presentado un recurso contra esa negativa, argumentando que cuando la administración actúa sin ejercer poderes especiales (como autorizar o expropiar), debería tratarse como un particular más, sometida a derecho privado y no público.

Si eres una empresa o particular que tiene un conflicto de propiedad con una administración pública (como un ayuntamiento), este caso te afecta porque determina si puedes intentar conciliación ante el registrador o no. Según la norma actual, no puedes usar este procedimiento cuando la otra parte es una entidad del sector público, aunque la administración esté actuando sin ejercer poderes especiales de autoridad.