El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado cómo los ayuntamientos españoles están usando el dinero público para mejorar el transporte público y hacerlo más sostenible, y el Parlamento ha elaborado un informe con recomendaciones sobre qué falta por hacer. El Gobierno debe crear un fondo especial para que los ayuntamientos no carguen solos con los costes de las medidas de transporte gratuito o más barato, acelerar los pagos de ayudas y financiar la compra de autobuses eléctricos y sus infraestructuras. Los ayuntamientos, por su parte, deben actualizar sus planes de movilidad, especificar cuántos autobuses van a comprar y cuándo, y ser más rigurosos en la supervisión de los contratos para evitar retrasos y sobrecostes.

Si eres ciudadano de Alicante, Bilbao, Las Palmas, Málaga, Murcia, Palma, Sevilla, Murcia o Zaragoza, esto te afecta porque tu ayuntamiento debe mejorar cómo gestiona los contratos de transporte público y infraestructuras para evitar que los proyectos se retrasen o se encarezcan, lo que repercute en la calidad del servicio que usas. Si eres usuario del transporte público en cualquier ciudad española, te interesa porque el Gobierno debe asegurar que hay financiación suficiente para que los autobuses sean más limpios y los servicios sean mejores sin que los ayuntamientos carguen todo el coste.