La Junta de Castilla-La Mancha intentó inscribir en el Registro de la Propiedad ocho fincas que resultaban de una concentración parcelaria (reorganización de terrenos agrarios) en Molina de Aragón-Cifuentes, pero la registradora rechazó la inscripción de dos de ellas por defectos formales: falta de número de identificación fiscal en una parcela y falta de identificación clara de una servidumbre en otra. El delegado provincial de la Consejería de Agricultura ha recurrido esta decisión argumentando que, por tratarse de actos derivados de una concentración parcelaria, las normas especiales de la Ley de Reforma Agraria permitían la inscripción sin estos requisitos.

Afecta a propietarios de terrenos agrarios en la zona de Huertahernando (Guadalajara) que han recibido nuevas fincas como resultado de la concentración parcelaria: la resolución determina si sus nuevas propiedades pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad y quedar protegidas legalmente. Afecta también a la Administración pública y a la registradora, que deben seguir las reglas correctas para validar estos actos administrativos especiales.